El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por mayoría, impuso la sanción de destitución al juez Richard Concepción Carhuancho por una queja presentada por el abogado Mateo Castañeda. Se trata de la queja de Castañeda contra Concepción Carhuancho por una supuesta demora al tramitar la apelación contra la orden de prisión preventiva que dictó el magistrado por el caso Los Waykis en la Sombra.
María Teresa Cabrera, presidenta de la JNJ, fue quien presentó la ponencia proponiendo la sanción. Esta recibió los votos a favor de los consejeros Cayo Galindo, Rafael Ruiz, Germán Serkovic y Víctor Chanduví.
Solo el miembro Jaime de la Puente propuso archivar los cargos que ya habían sido investigados y desestimados por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, y absolverlo de los cargos restantes.
Richard Concepción Carhuancho había planteado dos excepciones: caducidad y ne bis in idem. El primero porque consideró que había vencido el plazo para presentar una denuncia de parte, mientras que el segundo porque los hechos ya habían sido investigados y desestimados por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.
La ponencia de María Teresa Cabrera rechaza estos dos recursos. Dice que no se trata de una denuncia de parte, sino de oficio con información del Tribunal Constitucional, que al declarar fundada una demanda de Mateo Castañeda dispuso que se notifique a la JNJ para que tome acciones.
Por otro lado, Cabrera indicó que la ANC solo se limitó a verificar sobre la concesión y elevación de la apelación, mientras que el proceso disciplinario de la JNJ abarca también la supuesta demora en notificar la misma resolución de prisión preventiva.
Sobre los hechos, la ponencia desestima el argumento de Richard Concepción Carhuancho en referencia a que la transcripción de la resolución era responsabilidad del especialista del Juzgado. María Teresa Cabrera afirma que el juez tenía que vigilar la celeridad procesal, aunque no sea él el responsable de la tarea.
Concepción Carhuancho también invocó la alta carga procesal en los Juzgados de Investigación de Preparatoria Nacional. Cabrera también lo desestima. La presidenta de la JNJ señala que una vez que dictó oralmente la prisión preventiva, acabó la carga. Pero solo acabó en este caso, los Juzgados deben evaluar requerimientos fiscales en otros casos, llevar a cabo audiencias, resolver más pedidos de las partes, entre otros.
Por último, María Teresa Cabrera invoca la sentencia del TC, que calificó expresamente la demora como un “retraso judicial injustificado” y determinó que afectó los derechos a la pluralidad de instancia y de defensa del beneficiario. La falta ya estaba acreditada, para la mayoría del TC.
Por ello, se propuso la sanción de destitución.
Ahora bien, si la JNJ va a seguir sancionando a jueces por no cumplir al pie de la letra los plazos fijados en el Código Procesal Penal sin considerar la complejidad de los casos de crimen organizado o corrupción (múltiples tomos, gran número de investigados y alto número de elementos de convicción), entonces nos quedaremos sin magistrados en el Poder Judicial.
