Inés Gómez Mont enfrenta tres órdenes de aprehensión vigentes en México por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. La exconductora de televisión fue detenida el 30 de octubre en Florida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a una situación migratoria irregular, no por los mandamientos judiciales mexicanos, por lo que aún es incierto si enfrentará a la justicia mexicana.
La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, detalló este lunes que las tres órdenes que hay en su contra fueron libradas por jueces federales mexicanos: una por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y dos más por la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOR), por defraudación fiscal equiparada correspondiente a los ejercicios fiscales 2014 y 2016.
El esquema investigado se articula en torno a contratos por cerca de 2,450,000,000 de pesos otorgados al órgano responsable de los centros penitenciarios federales, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPR). Gómez Mont habría recibido en sus cuentas personales recursos de procedencia ilícita desviados mediante un esquema de empresas fantasma, según la FGR.
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece en su artículo 4 un rango penal que depende del papel que haya tenido la persona dentro de la estructura delictiva. Quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión enfrenta de 20 a 40 años de prisión y de 500 a 25,000 días multa.
Quien no tenga esas funciones enfrenta de 10 a 20 años de prisión y de 250 a 12,500 días multa. El Ministerio Público es quien debe acreditar ante un juez cuál de los dos supuestos corresponde a la acusada, con base en las pruebas que integre durante el proceso.
Esta pena se suma, sin absorberla, a la que corresponda por el delito específico cometido dentro de la organización, en este caso operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con el texto de la ley.
El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, está previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal. La pena establecida es de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa para quien oculte, encubra o pretenda ocultar el origen de recursos que sabe provienen de una actividad ilícita.
La FGR sostiene que Gómez Mont habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos obtenidos mediante un esquema de desvío y triangulación de fondos públicos, canalizados a través de empresas fantasma que simulaban operaciones para ocultar su destino final.
Las dos órdenes restantes corresponden al delito de defraudación fiscal equiparada, previsto en el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, que remite a las mismas penas del delito genérico de defraudación fiscal contenidas en el artículo 108. La sanción depende del monto que se acredite como defraudado en cada ejercicio fiscal.
Cuando el monto no excede 2,531,920 pesos, la pena va de 3 meses a 2 años de prisión. Si la cantidad supera esa cifra pero no rebasa 3,797,870 pesos, la pena sube a un rango de 2 a 5 años. Cuando el monto es mayor a 3,797,870 pesos, la pena alcanza de 3 a 9 años de prisión.
Según la FGR, Gómez Mont habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos en los ejercicios fiscales 2014 y 2016, con lo que habría omitido el pago de más de 13,000,000 de pesos en impuestos entre ambos años. La dependencia no ha precisado públicamente cuánto corresponde a cada ejercicio por separado, dato necesario para saber qué rango de prisión aplicaría a cada una de las dos órdenes.
Sumando los máximos legales de los cuatro conceptos, delincuencia organizada en su supuesto más grave, lavado de dinero y los dos cargos por defraudación fiscal equiparada en su rango más alto, el total aritmético alcanzaría 73 años de prisión. Si no se acredita que Gómez Mont tuvo funciones de administración, dirección o supervisión dentro de la organización, esa suma bajaría a 53 años.
Ninguno de esos cálculos equivale a una condena real. El artículo 25 del Código Penal Federal establece que la prisión tiene una duración de tres días a 60 años, y que solo puede imponerse una pena adicional a ese límite cuando el sentenciado comete un nuevo delito estando ya en reclusión. El mismo artículo aclara que ese tope no aplica a delitos sancionados conforme a otras leyes, como es el caso de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Además, el artículo 64 del Código Penal Federal regula el concurso de delitos: cuando una persona enfrenta varios delitos en un mismo proceso, el juez impone la pena del delito más grave y puede aumentarla con las de los demás delitos, sin exceder los límites máximos que marca la ley.
La suma simple de los topes de cada delito no determina, por tanto, cuántos años recibiría Gómez Mont en caso de ser sentenciada.
Gómez Mont goza de presunción de inocencia, como lo reconoció la propia fiscal Godoy en su mensaje. Será un tribunal mexicano, conforme al debido proceso, quien determine su responsabilidad y la pena aplicable dentro de estos márgenes legales.
Gómez Mont fue detenida el 30 de octubre en Miami tras permanecer casi cinco años prófuga de la justicia mexicana. Agentes del ICE la arrestaron por rebasar el tiempo permitido de estancia en territorio estadounidense, una situación migratoria que no tiene relación directa con las órdenes de aprehensión mexicanas.
Una fotografía que circuló en redes sociales mostró a la exconductora esposada y sujetada por dos agentes de la policía estadounidense. Vestía una blusa blanca, falda de mezclilla azul y tenis blancos al momento de su detención. Permanece recluida en una instalación federal de Miami mientras se resuelve su situación jurídica en Estados Unidos.
Desde que Gómez Mont salió de México, la FGR ha actuado para presentarla ante la justicia mexicana. En septiembre de 2025, la dependencia solicitó a Estados Unidos la detención provisional de la exconductora con fines de extradición y, en coordinación con el Departamento de Justicia estadounidense, integró la petición formal correspondiente.
Godoy explicó que, en las últimas semanas, la FGR intercambió información con autoridades de Estados Unidos y les entregó las tres órdenes de aprehensión vigentes.
De determinarse su deportación, la FGR ejecutará de inmediato las órdenes de captura a su llegada a territorio mexicano, de acuerdo con lo señalado por la fiscal.
La defensa de la exconductora presentó el 31 de octubre un recurso de habeas corpus ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, similar al amparo mexicano, con el que busca que se revise la legalidad de su detención. El caso fue asignado al juez federal Jeffrey T. Kuntz, quien aceptó a trámite el recurso.
Kuntz ordenó al ICE justificar el arresto de Gómez Mont a más tardar este miércoles 4 de noviembre. El juez, sin embargo, rechazó la solicitud de la defensa de impedir un eventual traslado de la detenida a otro centro migratorio, al señalar que no tiene jurisdicción para evitarlo si el Departamento de Justicia lo determina necesario.
Entre los alegatos de la defensa está que una de las hijas de Gómez Mont recibe tratamiento médico y que un traslado fuera de Miami le resultaría perjudicial. La exconductora permanece recluida en el Broward Transitional Center.
El caso de Gómez Mont corre en paralelo al de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, detenido por el ICE el 24 de septiembre de 2025 también por una situación migratoria irregular. México solicitó su extradición, pero el gobierno federal informó en mayo pasado que Estados Unidos la negó por considerar que no se trata de un delito violento. En julio, la FGR precisó que Álvarez Puga obtuvo libertad bajo fianza con un dispositivo de geolocalización, aunque su proceso migratorio continúa y tiene una audiencia programada para este mes de noviembre.
A finales de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Interpol canceló la ficha roja que las autoridades mexicanas habían obtenido en octubre de 2021 contra la pareja.
