Carlos Mazón ha vuelto este lunes al Congreso, diez meses después de su primera comparecencia por la DANA, pero lo ha hecho con una premisa clara: no piensa responder a las preguntas de los diputados. El expresidente de la Generalitat Valenciana ha utilizado el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que rechazó investigarle por la gestión de la tragedia, como argumento para esquivar el interrogatorio y ha dejado claro que no hará declaraciones públicas sobre el caso mientras siga abierta la instrucción judicial.
“El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado”, ha proclamado nada más comenzar su intervención. Mazón ha recordado que desde su anterior comparecencia, celebrada en noviembre de 2025, se han producido novedades judiciales y ha situado en el centro de todas ellas el auto del TSJCV que descartó abrir una investigación contra él.
El que fuera presidente de la Generalitat ha defendido que aquella decisión fue adoptada por unanimidad por cinco magistrados y ha contrapuesto ese pronunciamiento a las preguntas y acusaciones que los grupos parlamentarios tenían preparadas para él. “Lo procedente” es, según ha dicho, guardar silencio hasta que finalice la instrucción de la causa por la DANA.
Mazón ha llegado incluso a referirse al pronunciamiento del TSJCV como una “sentencia firme”, aunque jurídicamente se trata de un auto. También ha reivindicado que la jueza de Catarroja que instruye la causa, Nuria Ruiz Tobarra, le haya citado como testigo y que la Audiencia Provincial haya autorizado su personación voluntaria para poder conocer las diligencias practicadas en el procedimiento.
Con ese escenario como punto de partida, los diputados han intentado llevarle al terreno que precisamente querían explorar en esta segunda comparecencia: qué hizo, qué supo y qué instrucciones dio durante las horas críticas del 29 de octubre de 2024. Y ahí ha llegado el primer choque.
El diputado de Podemos ha tratado de reconstruir el papel de Mazón durante aquella jornada a partir de las conversaciones incorporadas a la causa judicial, entre ellas las aportadas por la entonces consellera de Justicia y Emergencias, Salomé Pradas, y los mensajes intercambiados por el núcleo del Gobierno valenciano. “¿Estaba ausente o daba órdenes?”, le ha preguntado. Mazón ha respondido con una frase que resume el tono que ha adoptado durante buena parte de la comparecencia: “Es metafísicamente imposible estar ausente y dar instrucciones a la vez”.
El intercambio se produce después de que el diputado pusiera sobre la mesa la actividad del grupo de WhatsApp que Mazón mantenía con sus consellers durante el día de la tragedia. Según los mensajes aportados a la causa por la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, el entonces presidente intervino durante la mañana para pedir a sus consellers que “inundaran de datos a los medios”, porque, a su juicio, eso transmitía una “sensación de estar alerta que te cagas”.
La conversación refleja que, inicialmente, buena parte de la actividad del grupo se concentró en la comunicación pública. A medida que la situación se agravó, la actividad fue disminuyendo hasta prácticamente desaparecer durante las horas decisivas de la emergencia.
Precisamente sobre esa actuación pretendían los grupos parlamentarios volver a preguntar a Mazón. PSOE y Sumar, que cuentan con mayoría en la Mesa de la comisión, defendieron que era necesario que regresara al Congreso para aclarar cuestiones que habían quedado pendientes de su primera comparecencia, entre ellas los mensajes intercambiados aquel día y su papel en la gestión de la emergencia.
Pero Mazón ha decidido no entrar en ese terreno. En lugar de responder a las preguntas, ha reprochado a los diputados que las “confabulaciones” pesen más que la resolución adoptada por los cinco magistrados del TSJCV. “El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales, y ya se han pronunciado al respecto”, ha insistido.
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