Un operativo policial realizado en un denominado búnker de Cieneguilla terminó con la expulsión de 21 ciudadanos venezolanos del territorio peruano, luego de que las autoridades determinaran que estaban comprendidos en distintas causales migratorias. La intervención se efectuó el 14 de agosto por personal de los Halcones de la Región Policial Lima, quienes encontraron a 29 extranjeros en el inmueble y los pusieron a disposición de las dependencias correspondientes.
El coronel PNP David Carranza Veramendi, jefe de la División de Extranjería, explicó que todos los intervenidos eran de nacionalidad venezolana. Tras las primeras diligencias, tres quedaron vinculados a investigaciones por hechos relacionados con armas de fuego y drogas, mientras que otros fueron derivados a la unidad especializada para verificar su situación migratoria.
De acuerdo con el oficial, seis de los 21 expulsados habían ingresado al Perú de manera irregular. Los 15 restantes fueron considerados dentro de supuestos vinculados con la alteración del orden público, el orden interno o la seguridad ciudadana. Estas condiciones fueron comunicadas a la Superintendencia Nacional de Migraciones para continuar con el procedimiento administrativo.
Durante una audiencia única, los extranjeros tuvieron la oportunidad de presentar sus descargos frente a las imputaciones formuladas por la Policía Nacional. Algunos manifestaron tener hijos o vínculos familiares en el país. Sin embargo, Carranza precisó que el arraigo no se determina únicamente por la existencia de descendientes, sino que también comprende aspectos relacionados con la dependencia emocional, económica y laboral.
Luego de evaluar cada caso, Migraciones determinó que los involucrados estaban comprendidos en las causales previstas y emitió las resoluciones jefaturales respectivas. Posteriormente, la Policía Nacional ejecutó las medidas de salida obligatoria y trasladó a los afectados hasta la frontera, bajo custodia de efectivos policiales y con apoyo de personal de carreteras durante el recorrido.
La resolución administrativa también puede establecer una prohibición de retorno al territorio nacional. Según el jefe de la División de Extranjería, esta restricción puede extenderse por cinco, diez o hasta 15 años, dependiendo de la evaluación realizada por la entidad. En este caso, señaló que la mayoría recibió una impedimenta de ingreso por un periodo de cinco años.
Las autoridades mantienen controles en los diferentes puntos de acceso al país para verificar el cumplimiento de estas disposiciones. Carranza indicó que existe presencia de agentes policiales y personal de Migraciones en las fronteras, así como en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Todo ciudadano extranjero tiene la obligación de registrar su ingreso y salida del territorio nacional.
El representante policial también destacó la importancia de reforzar la vigilancia fronteriza mediante una mayor presencia de efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. No obstante, remarcó que la condición de extranjero no implica una relación automática con actividades delictivas, pues muchas personas llegan al Perú en busca de mejores oportunidades y cumplen con las disposiciones legales.
Carranza recomendó a quienes permanecen en el país con documentación vencida o una situación migratoria pendiente acercarse a la Superintendencia Nacional de Migraciones o a la División de Extranjería. En esas instituciones podrán conocer los requisitos necesarios para regularizar su condición y evitar que una permanencia irregular derive en medidas administrativas como la expulsión.
