La imputación del gobierno de la provincia de Buenos Aires a Mercado Libre abre varios frentes en forma simultánea. El primero impacta específicamente sobre la empresa, ya que investiga a una de las empresas más importantes del país y de la región para evaluar si perjudicó a sus consumidores.
Otro frente es político, ya que es difícil separar la acusación del gobierno de Axel Kicillof sobre un empresario clave, Marcos Galperin, que no oculta su simpatía por el plan de Javier Milei.
Por último, el caso permite analizar las dificultades que hay para regular los vínculos de las grandes plataformas digitales con sus consumidores.
La Dirección de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, bajo la órbita del Ministerio de Producción bonaerense, imputó a Mercado Libre por la supuesta existencia de cláusulas contractuales que vulneran derechos de los usuarios. Todo el expediente se encuadra en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor y la investigación se inició de oficio, aunque el organismo provincial dijo haber recibido casi 2.400 denuncias contra la empresa en el primer cuatrimestre.
Mercado Libre fue notificada y tiene un plazo de 5 días para presentar descargos y e informar modificaciones a las cláusulas objetadas. Si no realiza cambios en sus contratos, puede recibir una multa de $1.815 millones, según el Ministerio de Producción.
“Rechazamos las acusaciones planteadas y presentaremos el descargo correspondiente en tiempo y forma, aportando toda la información y aclaraciones necesarias. Millones de personas utilizan nuestras plataformas todos los días y, en relación con el enorme volumen de operaciones que procesamos, tenemos un nivel muy bajo de reclamos”, fue la respuesta de Mercado Libre ante la consulta de Infobae.
El expediente identifica al menos diez cláusulas que podrían perjudicar al consumidor. Según informó el ministerio de Producción bonaerense, Mercado Libre puede modificar unilateralmente los términos y condiciones del contrato sin consentimiento del usuario, hacer cargo al cliente de fallas en su propia plataforma, no asumir responsabilidad alguna si alguien hackea la cuenta del cliente, considerar vencido un préstamo por “sospechas de incumplimiento” o cobrarle determinadas tarifas al usuario sin informarle previamente su monto y su motivo.
Entre otros cuestionamientos, también se consideró una traba al acceso a la justicia que cualquier litigio tramite exclusivamente en los tribunales porteños y se observó que Mercado Libre está eximido de responder ante cualquier daño que sufra el usuario.
Al mismo tiempo, más allá de lo llamativo de algunas de esas cláusulas, es difícil no añadirle condimentos políticos al caso. Marcos Galperin es uno de los apoyos centrales del Gobierno nacional dentro del mundo empresario, algo que no esconde en sus manifestaciones públicas, en especial en su cuenta de X.
Casi al mismo tiempo que el gobierno bonaerense preparaba una multa millonaria contra su empresa, Galperin se preguntaba en X: “¿Alguien más está viendo lo mismo que veo yo? Me parece que se dio vuelta la tortilla”, en relación a los indicadores macro favorables a la gestión de Milei. Según Galperin, esos éxitos llegaron “luego de meses de que todo el sistema de poder haya atacado al Gobierno de una manera inédita”, una frase que pudo haber dicho el propio Presidente.
No obstante, desde ambas partes le bajaron el tono a la arista política. Tras conocerse la sanción, Mercado Libre afirmó que mantiene “un diálogo permanente y constructivo” con los reguladores de todo el país, “incluyendo la Provincia de Buenos Aires”.
El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, impulsor de la investigación, también descartó vincular la decisión con la afinidad de Mercado Libre con el gobierno nacional. “Esto no tiene ninguna motivación política, no tiene un espíritu anti-empresa, sino más bien al revés. Desde Defensa del Consumidor hicimos imputaciones a muchísimas empresas de varios rubros con resultados muy buenos en términos de defensa de los derechos del consumidor”, dijo Costa en declaraciones a Futurock.
“Hace dos semanas tuvimos una reunión de trabajo con los principales responsables de Mercado Libre, que tiene la mayor cantidad de operaciones en la provincia de Buenos Aires, un centro logístico muy grande en el Mercado Central y un funcionamiento completamente normal y planes de inversiones en la provincia. Y nos juntamos para trabajar con absoluto respeto. Lo de Galperín, sus formas y sus provocaciones no cambia para nada la voluntad de trabajar con cualquier empresa que quiera invertir en la provincia de Buenos Aires”, concluyó Costa.
En un campo paralelo al de la defensa del consumidor, el de la defensa de la competencia, Mercado Libre ya recibió acciones en su contra en el pasado reciente. De hecho, la billetera de los bancos, Modo, todavía mantiene expedientes abiertos contra la empresa de Galperín en el ámbito de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC). Reclama que a los usuarios no se les permite elegir qué billetera usar y están obligados a pagar o cobrar únicamente con Mercado Pago.
El caso Mercado Libre se inscribe en una serie de intervenciones previas de la provincia sobre grandes plataformas. La tecnología crea vínculos de consumo innovadores y, por lo general, la regulación los corre desde atrás. En 2023, el ministerio de Producción multó a Rappi con $59 millones y le exigió devolver a los usuarios bonaerenses el dinero cobrado por la “tarifa de servicio”. La sanción se aplicó porque la empresa impuso cargos adicionales no informados previamente, en violación de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.
Rappi tuvo la opción de evitar la multa retirando el recargo, pero decidió mantenerlo. Además, la firma debió restituir desde enero de 2022 un monto de $13 millones actualizado a la fecha de devolución, según el comunicado oficial.
Otro caso ocurrió con Netflix, que modificó sus condiciones de contratación tras una imputación del gobierno bonaerense. La plataforma eliminó cláusulas consideradas abusivas, como la aplicación de jurisdicción extranjera y la prohibición de reembolsos y créditos. Desde 2023, los términos de uso de Netflix en el país se ajustan al Código Civil y Comercial y dejaron de regirse por la legislación del Estado de Delaware. También reconoció mayor libertad para la cancelación de suscripciones a favor de los usuarios, según la información oficial.
Desde el gobierno de Kicillof aseguran que esta clase de acciones, como la iniciada contra Mercado Libre, no busca confrontar con empresas sino corregir desequilibrios.
“En una relación de consumo entre una empresa tan grande y monopólica y que tiene un poder tan importante como Mercado Libre, la parte más fuerte siempre tiene las de ganar. Y millones de consumidores que tienen que celebrar contratos individuales con una empresa grande, están en desventaja. Para eso existe el Estado, para equilibrar esas relaciones”, concluyó Costa.
