El gobierno de Brasil emitió una nota de “repudio” a la “decisión anunciada hoy por el Departamento de Estado, de anular la visa” de la embajadora brasileña en Washington. En el comunicado, dirigido a la prensa nacional e internacional, sostiene que las justificaciones norteamericanas para tal medida “son falsas”. Y acusa a la Casa Blanca de querer enviar dos funcionarios del Departamento de Estado al país “para colocar en duda la integridad del sistema electoral brasileño, una tentativa inaceptable de interferir en el proceso político nacional”.
La nota, que salió de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República, cuestiona al gobierno de Donald Trump de no respetar el artículo 4º de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, según el cual “el proceso de concesión de agrement es confidencial y el nombre del designado solo debe ser publicado después de concedida la anuencia” por el gobierno del país de destino, en este caso Brasil. Señala, al respecto, que la Casa Blanca anunció públicamente “el nombre de su candidato, antes de presentar el pedido formal al gobierno brasileño”.
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La circular añade que “Brasil se atiene estrictamente al derecho internacional” y eso lo dice en función de que “no hay regla de la Convención de Viena que estipule un plazo para conceder el agrement”. Esta es la respuesta a la argumentación de Washington respecto a la demora del Palacio del Planalto de oficializar al embajador designado por el gobierno americano. El comunicado agrega que “el pedido norteamericano se encuentra todavía bajo análisis”.
En cuanto a los dos enviados del gobierno de EE.UU cuya visa fue negada por Brasil, el Planalto sostiene: “Los dos funcionarios del gobierno americano que tuvieron sus visas de entrada a Brasil negadas, planeaban visitar el país para colocar en duda la integridad del sistema electoral brasileño”. Una denuncia sin duda muy fuerte.
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A la Casa Blanca le recuerda que “las sanciones individuales contra las autoridades brasileñas siguen vigentes, tales como la cancelación de visas a Estados Unidos, basadas en la alegación infundada de persecución política al expresidente Bolsonaro. Entre estas autoridades se encuentran ministros del Tribunal Supremo y altos funcionarios del Poder Ejecutivo”.
Al finalizar, el gobierno brasileño afirma que “no escatimó esfuerzos para resolver estas diferencias”. Señala que el presidente Lula, durante su visita a Washington el pasado mayo “entre otros asuntos, pidió al presidente Trump que levantara esas sanciones individuales”. Concluye que “la decisión de hoy no es un hecho aislado. Forma parte de una escalada deliberada de medidas hostiles a Brasil, motivadas por razones ideológicas incompatibles con una asociación bilateral que siempre ha estado guiada por el respeto mutuo”
