El prolongado conflicto entre el gremio médico y las autoridades sanitarias de Honduras suma un nuevo frente legal. El Ministerio Público (MP) admitió una denuncia contra el Colegio Médico de Honduras (CMH) por presuntas vulneraciones al derecho constitucional a la salud, en medio de las asambleas informativas que mantienen a los profesionales de la medicina fuera de sus labores habituales en distintos centros asistenciales públicos.
La denuncia fue interpuesta por el paciente Santos Fúnez y será investigada por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, instancia que deberá examinar los señalamientos relacionados con la falta de atención médica y establecer si las acciones de protesta se desarrollaron conforme al ordenamiento jurídico nacional.
El abogado Áfrico Madrid, director del Observatorio Latinoamericano de Derechos Humanos, informó sobre la admisión del caso durante declaraciones a HRN.
Según explicó, las diligencias buscarán determinar si las convocatorias a las asambleas informativas respetaron tanto la legislación vigente como los procedimientos contemplados en los estatutos internos del gremio.
La investigación se produce mientras miles de pacientes enfrentan dificultades para acceder a consultas, procedimientos y otros servicios médicos debido a las medidas de presión impulsadas por el sector.
La Fiscalía tendrá que establecer las circunstancias de las interrupciones denunciadas y determinar si existen elementos que justifiquen la deducción de responsabilidades.
Entre las diligencias planteadas figura la solicitud de documentación al Colegio Médico de Honduras para comprobar la legalidad de las convocatorias. El objetivo es verificar si las asambleas se realizaron de acuerdo con los requisitos establecidos y si los profesionales que dejaron de atender en sus consultorios cumplieron los procedimientos correspondientes.
De acuerdo con Madrid, también se busca establecer si los médicos que se ausentaron de sus puestos presentaron las solicitudes por escrito que respaldaran esas decisiones. La documentación permitiría a las autoridades contrastar las actuaciones del gremio con sus propias normas internas y con las disposiciones legales aplicables.
El abogado sostuvo que la Fiscalía de Derechos Humanos tendrá a su cargo el seguimiento directo de la denuncia y deberá profundizar en los señalamientos sobre la presunta falta de atención en los hospitales públicos.
“La Fiscalía de Derechos Humanos será la encargada directa de dar un riguroso seguimiento a la denuncia interpuesta por la flagrante falta de atención médica en los hospitales públicos”, expresó Madrid.
Como parte del proceso, los directivos del CMH podrían ser citados ante el Ministerio Público para responder a los señalamientos y proporcionar la información que requieran las autoridades.
La citación permitiría conocer su posición frente a la denuncia y recabar elementos para el desarrollo de las diligencias.
Madrid aclaró que la acción legal no pretende criminalizar las manifestaciones de los trabajadores de la salud ni desconocer sus demandas salariales. No obstante, señaló que las medidas de presión deben ajustarse a la ley y ejecutarse sin vulnerar los derechos fundamentales de los pacientes.
En caso de que las diligencias identifiquen incumplimientos de la normativa, podrían deducirse responsabilidades legales contra las personas que resulten involucradas.
Las eventuales consecuencias dependerán de los hechos acreditados, las disposiciones aplicables y las determinaciones de las autoridades.
Por ahora, no se han detallado sanciones específicas ni se ha establecido una responsabilidad definitiva contra los directivos del Colegio Médico. El avance del expediente permitirá conocer si existen elementos suficientes para continuar con otras acciones legales.
La denuncia se presenta cuando el gremio médico acumula más de 30 días en paro nacional, en el marco de un conflicto que ha afectado la prestación habitual de servicios en establecimientos sanitarios públicos.
Mientras persisten las medidas de presión, las autoridades de Salud han asegurado que se ha hecho efectivo el pago de casi el 100% de los adeudos reclamados por los profesionales. Este argumento forma parte de la posición oficial frente a las demandas del sector, aunque el conflicto continúa.
