Las jubilaciones demoradas en España pasarán de representar el 11,6% de las nuevas altas a rondar el 30% en las próximas décadas, según un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) revelado este domingo por Europa Press. El análisis, elaborado por el director de Fedea, Ángel de la Fuente, atribuye ese cambio sobre todo al aumento de la esperanza de vida.
La previsión parte de que los trabajadores deberán reunir más ahorro para cubrir un retiro más prolongado. Ese escenario elevaría la edad media de jubilación y haría más frecuente que las personas permanezcan activas más allá de la fecha en la que ya podrían retirarse. Así, Fedea señala en su informe que el alargamiento de la vida “obliga en alguna medida a prolongar la vida laboral”. También afirma que la prima asociada a la demora se percibiría durante un período más largo.
El estudio plantea que la evolución demográfica prevista por Eurostat tendrá mayor peso que las medidas legales aprobadas entre 2021 y 2023. De acuerdo con la entidad, el incremento reciente de la jubilación demorada. “Incluso en ausencia de cualquier cambio en el régimen de incentivos”, la proporción de jubilaciones demoradas crecería hasta el entorno del 30%, asegura Fedea.
Por todo ello, el informe cuestiona que la prima del 4% por cada año adicional de actividad haya alterado de forma profunda las decisiones de retiro. Según sus cálculos, el efecto directo de esos estímulos fue “reducidos”, ya que las medidas no supusieron una modificación radical del sistema anterior. La entidad califica el cambio como una “mejora incremental” de las bonificaciones ya vigentes. Antes de la reforma, estas compensaciones oscilaban entre el 2% y el 4%, según los años cotizados.
El trabajo también confronta sus estimaciones con las proyecciones de la Seguridad Social, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Ministerio de Economía, elaboradas con los modelos INTegraSS y PeGaSo. Fedea advierte que hay “discrepancias” entre las proyecciones a largo plazo de esos organismos y las obtenidas con su propio modelo.
Mientras la Seguridad Social y la AIReF calculan que la reforma elevará el déficit en menos de un punto de producto interior bruto (PIB), Fedea prevé un deterioro del saldo básico del sistema. El estudio estima que ese deterioro “se acercaría a los cuatro puntos de PIB hacia 2050”.
La divergencia también aparece en el gasto en pensiones. El think tank calcula un incremento cercano a cinco puntos de PIB a mediados de siglo frente a los menos de 2,5 puntos previstos por la Seguridad Social y la AIReF. El Ageing Report 2024 de la Comisión Europea, por su parte, proyecta un aumento de tres puntos de PIB, de acuerdo con el documento. Fedea atribuye buena parte de la diferencia a que los instrumentos oficiales no incluyen efectos indirectos derivados de las decisiones de los agentes económicos.
El informe sostiene que algunas medidas que aumentan la generosidad del sistema, como la actualización íntegra de las prestaciones conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC), tienen un impacto directo sobre el gasto público. La entidad añade que esas decisiones pueden reducir el ahorro privado y favorecer jubilaciones más tempranas en determinados grupos. Según Fedea, esa combinación reduciría el PIB y elevaría de forma automática el peso del gasto en pensiones sobre la riqueza nacional.
Con información de Europa Press
