Brasil acaba de asistir a uno de los episodios más preocupantes de este proceso electoral. Lo que debería representar la expresión máxima de la soberanía popular se transformó, a mi ver, en una demostración alarmante de improvisación institucional, inseguridad jurídica y falta de respeto a la previsibilidad de las reglas democráticas.
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Este domingo, 25 de octubre, el ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF), determinó, por decisión monocrática, la prórroga de la votación hasta las 19 horas, en todo el territorio nacional. La medida fue tomada tras un reclamo involucrando dificultades de transporte público, inicialmente relacionadas a municipios de Bahía, aunque problemas semejantes hayan sido relatados en otras regiones. Según la decisión, los hechos llegaron al conocimiento del Supremo a las 16.32, cuando faltaban menos de 30 minutos para el horario originalmente previsto para el cierre de la votación.
¡Treinta minutos para alterar la dinámica de una elección presidencial en un país de dimensiones continentales!
No estamos hablando de una elección municipal de pequeño porte. Estamos hablando de millones de electores, miles de secciones electorales, una estructura nacional de fiscalización y un proceso cuya legitimidad depende fundamentalmente de la estabilidad de las reglas. ¿Cómo una decisión individual, tomada a las puertas del encierro de la votación, puede modificar un procedimiento nacional de esa magnitud sin provocar una crisis de confianza?
El STF no puede transformar la excepción en regla
La Constitución Federal establece competencias, responsabilidades y límites institucionales. Cabe a la Justicia Electoral organizar, administrar y conducir el proceso electoral. Al STF compete ejercer sus atribuciones constitucionales, inclusive cuando provocado a proteger derechos fundamentales. El hecho de que el Supremo pueda intervenir en cuestiones constitucionales no significa que toda intervención sea necesariamente adecuada, proporcional o institucionalmente prudente.
El atraso en las urnas: una nueva maquinación de jueces electorales del bolsonarismo
Cuando un ministro del STF determina, de manera individual, un cambio nacional en el horario de votación y transfiere al Tribunal Superior Electoral la responsabilidad por su ejecución inmediata, se crea una situación extraordinariamente delicada. En la práctica, el STF asume el protagonismo de una decisión operacional de alcance nacional, mientras el TSE necesita administrar las consecuencias de una determinación recibida en el momento más sensible de toda la elección. La autoridad del Poder Judicial no puede confundirse con la ausencia de límites. Ningún poder de la República está por encima de la Constitución.
¿Cómo se reabre una urna ya cerrada?
Aquí llegamos al punto que considero más grave de todos. El cierre de la votación estaba previsto para las 17, con la emisión de los boletines de urna a partir de ese horario. Según el noticiero, el escrutinio ya había comenzado cuando la prórroga nacional fue anunciada, llevando al TSE a suspender la totalización de los votos.
Ahora, pregunto: ¿Cómo se reabre una urna electrónica que ya fue formalmente cerrada?
Si la urna ya emitió su boletín, consolidando los votos de aquella sección, ¿cómo recibir nuevos votos?
¿Existe procedimiento técnico, previamente reglamentado, para eso? En caso de que exista, ¿quién está autorizado a ejecutarlo?
¿Cómo se garantiza que los votos anteriormente registrados sean preservados y que los nuevos votos sean contabilizados sin comprometer la integridad de los registros? ¿Qué pasa con los boletines de urna ya impresos y entregados a los fiscales? ¿Cómo se fiscaliza una elección cuando parte de las urnas ya concluyó sus trabajos y otra parte permanece en funcionamiento? ¿Y quién garantiza que las mismas reglas estén siendo aplicadas en todas las secciones electorales del país?
No estoy afirmando que urnas hayan sido irregularmente reabiertas o que votos hayan sido adulterados. Estamos exigiendo una respuesta técnica y jurídica para una situación extraordinaria. Una urna electrónica cerrada no es un reloj cuyos punteros puedan simplemente ser atrasados por determinación judicial. El proceso electoral posee etapas, protocolos de seguridad, procedimientos de encierro y mecanismos de fiscalización. No basta determinar que la votación continúe. Es indispensable explicar públicamente cómo ejecutar la decisión en las urnas ya cerradas y cuáles garantías preservan la integridad del proceso.
La confusión que acompañó en vivo en la PUC São Paulo
Y no estoy tratando apenas de una discusión teórica o de una hipótesis jurídica. En este exacto momento, acompaño en vivo imágenes de salas de votación de la PUC São Paulo. Lo que observo es un escenario de desorientación. Las personas parecen perdidas ante la situación creada. Es la realidad operacional de una determinación judicial llegando a las secciones electorales cuando los procedimientos de encierro ya estaban en andar. No puedo afirmar que la misma situación esté ocurriendo en todos los locales de votación. Pero lo que observo ya es suficientemente preocupante.
¿Qué deben hacer los miembros de mesa que ya cerraron las urnas?¿Deben aguardar orientaciones superiores? ¿Deben mantener las secciones abiertas? ¿Deben recibir nuevos electores? Y aquellos que ya imprimieron los boletines de urna, ¿cómo deben proceder? Si las propias personas responsables por la ejecución de la votación aparentan no tener respuestas claras, ¿cómo exigir tranquilidad y confianza de los electores? No se modifica una operación nacional de esta complejidad con una determinación de última hora sin que los responsables por ejecutarla sepan exactamente qué hacer. La democracia no puede funcionar por improvisación, especialmente en el momento más importante de una elección.
El derecho al voto no autoriza la improvisación
Es evidente que todo ciudadano debe tener asegurado el derecho de votar. Si hubo reducción irregular de la oferta de transporte público, los responsables necesitan ser identificados, investigados y responsabilizados en los términos de la ley. Ningún elector debe ser impedido de ejercer su derecho constitucional por fallas administrativas o acciones deliberadas.
Entretanto, proteger un derecho fundamental no dispensa la obligación de respetar los demás principios constitucionales. Una decisión destinada a corregir una irregularidad no puede generar inseguridad aún mayor. El remedio institucional no puede ser más grave que el problema que pretende solucionar. Si los problemas fueron identificados en determinados municipios, ¿por qué la prórroga debería alcanzar indistintamente a todo el territorio nacional? ¿Cuál fue el criterio técnico utilizado para justificar esa abarcabilidad? ¿Había alternativas menos abarcativas, capaces de preservar el derecho al voto sin modificar nacionalmente el horario del pleito? Esas respuestas necesitan ser ofrecidas inmediatamente a la sociedad brasileña.
La democracia no puede depender de decretazos de última hora
El problema sobrepasa la decisión de un ministro. Estamos ante una cuestión mucho más profunda: la confianza del ciudadano en las instituciones de la República. La democracia no se sustenta apenas en la realización periódica de elecciones. Ella depende de reglas conocidas anticipadamente, autoridades que respeten sus competencias, decisiones fundamentadas y procedimientos transparentes. Cuando las reglas son alteradas en el momento en que deberían estar siendo concluidas, la previsibilidad desaparece y la inseguridad ocupa su lugar.
La percepción pública de legitimidad es tan importante como la propia regularidad formal de los procedimientos. No es suficiente afirmar que una decisión es legal porque partió de un ministro del Supremo. Es necesario demostrar su fundamentación, proporcionalidad y compatibilidad con el conjunto de las garantías constitucionales. Democracia no significa obediencia silenciosa a las autoridades. Democracia significa también el derecho de cuestionarlas, fiscalizarlas y exigir que presten cuentas de sus actos.
Brasil no puede ser desmoralizado ante el mundo
Brasil es una de las mayores democracias electorales del planeta. Nuestro sistema de votación es acompañado internacionalmente. La credibilidad de las instituciones brasileñas influencia la imagen del país, sus relaciones diplomáticas y la confianza de la sociedad. ¿Qué mensaje transmitimos cuando, en el día de una elección presidencial, el encierro de la votación es alterado por una decisión individual, en el último momento, mientras secciones electorales ya habían concluido sus procedimientos?
La imagen que proyectamos es la de un país que necesita explicar al mundo por qué sus propias reglas electorales fueron modificadas cuando ya estaban siendo ejecutadas. Independientemente de quién venza la elección, la legitimidad del resultado exige confianza en las instituciones responsables por conducirla. Y la confianza no se impone por decisión judicial. La confianza se conquista con transparencia, estabilidad, competencia y respeto a las reglas.
Manifiesto en defensa del orden constitucional
Ante la gravedad del episodio, considero que el silencio no es una opción. Hago un llamado público a los juristas, constitucionalistas, abogados, a la Orden de los Abogados del Brasil, a las facultades de Derecho, a las entidades representativas de la sociedad civil y a todos aquellos que verdaderamente defienden el Estado Democrático de Derecho. Es indispensable exigir esclarecimientos inmediatos, completos y documentados sobre los fundamentos jurídicos, el alcance y la ejecución de la decisión.
Es necesario que la Justicia Electoral esclarezca cuáles secciones tuvieron la votación efectivamente prorrogada, cuáles ya estaban cerradas, cuáles procedimientos fueron adoptados y cómo fueron preservadas las garantías de fiscalización. Es fundamental que las instituciones expliquen cómo se dio la compatibilización entre la continuidad de la votación y el escrutinio ya iniciado. Y es imprescindible discutir los límites de las decisiones monocráticas capaces de producir consecuencias tan profundas sobre la vida democrática nacional.
No se trata de defender a este o aquel candidato. Se trata de defender algo mucho mayor: el derecho de millones de brasileños a elecciones conducidas con reglas claras, seguridad jurídica y respeto absoluto a la Constitución. La soberanía popular no pertenece al STF, al TSE, al gobierno, a la oposición o a cualquier magistrado. La soberanía pertenece al pueblo brasileño. Y ningún poder puede tratar la confianza de ese pueblo como algo secundario.
Brasil no puede naturalizar episodios de esa magnitud. La democracia no admite improvisación institucional como método de gobierno, tampoco puede depender de la voluntad individual de quien quiera que sea. Si la Justicia debe ser la guardiana de la Constitución, necesita ser también la primera a respetar los límites que ella establece.
El episodio de hoy merece esclarecimientos, escrutinio público y evaluación jurídica rigurosa. Porque, cuando la credibilidad de una elección es colocada en duda por la falta de previsibilidad y de explicaciones, no es apenas un resultado lo que está en juego. Es la confianza de una nación en sus instituciones.
¡Qué vergüenza para Brasil!
*Economista, vicepresidente de la Asociación Comercial de São Paulo
