Una investigación de la fiscal federal de Villa María, María Schianni, en conjunto con Gendarmería Nacional, permitió desarticular una estructura dedicada presuntamente a la adulteración, fraccionamiento y comercialización ilegal de agroquímicos falsificados en distintas localidades del interior de Córdoba.
El operativo se concretó el jueves 1 de octubre, luego de una investigación de aproximadamente dos meses originada a partir de una denuncia presentada por el apoderado de Syngenta Agro SA, por la supuesta comercialización de productos agroquímicos adulterados que llevaban marcas de esa compañía. Productores agropecuarios se quejaron ante la firma por la ineficacia de los productos que habían adquirido. Así detectaron a la red que habría producido cientos de litros de una sustancia trucha que se comercializaba bajo la marca mencionada.
Por orden del Juzgado Federal de Villa María, a cargo de Sergio Pinto, se realizaron siete allanamientos simultáneos en Pozo del Molle y Sacanta. Las medidas alcanzaron locales comerciales, oficinas, domicilios particulares, depósitos y un establecimiento rural que habría sido utilizado para producir y envasar los productos. Este hallazgo permitió determinar el origen de la fabricación de las sustancias apócrifas.
Los investigadores encontraron una infraestructura que habría permitido llevar adelante distintas etapas de la maniobra: almacenamiento de sustancias, mezcla, envasado, etiquetado y posterior distribución.
Se secuestraron más de 300 bidones con sustancias que serían adulteradas, envases reutilizados de diferentes capacidades, recipientes y tanques de almacenamiento y mezcla, además de insumos destinados al acondicionamiento y distribución de los productos.
También fue secuestrada una impresora industrial codificadora, que habría sido utilizada para confeccionar etiquetas apócrifas y presentar los productos como si fueran originales.
Los procedimientos permitieron además detectar sustancias cuya utilización o comercialización estaría prohibida, según indicaron fuentes vinculadas a la investigación.
La causa contempla, en principio, una presunta infracción a la Ley 22.362 de Marcas y Designaciones, aunque la investigación también analiza posibles delitos de estafa y eventuales daños al medioambiente.
La adulteración de los productos será sometida a peritajes para determinar su composición, autenticidad y eventual peligrosidad.
Clausuras
Como consecuencia de las irregularidades detectadas, la autoridad de aplicación del Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba dispuso la clausura de los establecimientos comerciales Agrocampo y Grupo Ceiba, ambos vinculados a la investigación en Pozo del Molle.
La medida apunta a interrumpir los canales que, según la pesquisa, habrían sido utilizados para la distribución y comercialización de los productos.
Además, la Fiscalía solicitó medidas cautelares sobre 11 vehículos que estarían vinculados con los hechos investigados. El objetivo es preservar bienes que eventualmente puedan ser considerados instrumentos o productos de los delitos y garantizar, en caso de corresponder, el decomiso y una eventual reparación por los daños ocasionados.
Todo el material secuestrado quedó a disposición del Juzgado Federal de Villa María y será sometido a distintas pericias.
La investigación continúa para determinar el alcance de la estructura, la participación concreta de cada una de las personas involucradas y las características y peligrosidad de los productos que habrían sido adulterados y comercializados. Por el momento, la causa no tiene personas imputadas.
