Javier Gómez Bermúdez, el juez que presidió el juicio por los atentados del 11-M, ha abierto una nueva etapa profesional. El exmagistrado ha abandonado este verano el despacho Ramón y Cajal Abogados, donde trabajaba desde 2017, y ha creado su propia marca como abogado, GB. Según adelanta El País, su nueva oficina estará en la sede de IC Abogados, el bufete en el que trabaja María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa y exsecretaria general del PP, con quien su trayectoria judicial ya coincidió indirectamente durante la disputa por los papeles de Bárcenas.
El acuerdo, cerrado a mediados de septiembre, no implica que Gómez Bermúdez se haya incorporado como socio de IC Abogados. El exjuez conservará su autonomía profesional y trabajará bajo sus propias siglas, aunque compartirá asuntos con los abogados del despacho cuando los procedimientos requieran distintas especialidades. Se ocupará de los casos penales que lleguen a su firma y podrá derivar a sus nuevos colaboradores aquellos que correspondan a otras ramas del Derecho, como el administrativo, o trabajar con ellos en expedientes que combinen ambas materias.
En IC Abogados también ejercen el abogado del Estado ante el Tribunal Supremo Manuel María Zorrilla Suárez y el catedrático de Derecho Administrativo Juan Francisco Mestre. La colaboración permitirá a Gómez Bermúdez mantener su actividad como penalista sin renunciar a una estructura con la que abordar asuntos de mayor complejidad jurídica.
Desde que abandonó la judicatura, Gómez Bermúdez ha llevado la defensa de clientes implicados en algunas de las investigaciones más relevantes de la Audiencia Nacional. Entre ellos figuran Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, procesado por su presunta participación en el secuestro y las torturas de cuatro opositores ecuatoguineanos, y Eliseo Nzeng Eneme, alto cargo del país africano investigado en una de las piezas del caso Villarejo sobre los presuntos encargos de la dictadura al comisario jubilado.
También representa a la empresaria Carmen Pano y a su hija, Leonor González Pano, investigadas en la causa que indaga en un presunto fraude millonario en el sector de los hidrocarburos y en la que figura asimismo el empresario Víctor de Aldama. El nombre de Pano ha cobrado especial relevancia después de que asegurase haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. La empresaria ratificó esa versión en junio y afirmó que la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, le había ofrecido dinero para cambiar su testimonio.
Gómez Bermúdez alcanzó una gran notoriedad pública en 2007, cuando presidió el juicio por los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid, en los que murieron 192 personas. La vista oral, uno de los procesos judiciales de mayor repercusión de la historia reciente de España, se desarrolló bajo una intensa atención mediática y política y concluyó con una sentencia que estableció las responsabilidades penales de los acusados a partir de las pruebas practicadas durante el juicio.
Dos años después, volvió a estar al frente de otro procedimiento de enorme impacto: el juicio por las falsas identificaciones de los 62 militares españoles fallecidos en el accidente del Yak-42, ocurrido en mayo de 2003 cuando regresaban de Afganistán. La causa examinó las irregularidades cometidas en la identificación de los cadáveres y la entrega de los restos a sus familias.
Nacido en Álora (Málaga) en 1962, Gómez Bermúdez se licenció en Derecho por la Universidad de Granada en 1984 e ingresó en la carrera judicial en 1987. Ascendió a magistrado dos años después y se incorporó a la Audiencia Nacional en 1999. En 2004 asumió la presidencia de su Sala de lo Penal, responsabilidad que desempeñó hasta 2012, cuando dejó el cargo y regresó a un juzgado central de instrucción.
Desde ese puesto protagonizó una de las disputas más conocidas de su trayectoria: el conflicto con el juez Pablo Ruz por la investigación de los llamados papeles de Bárcenas, la documentación atribuida al extesorero del PP sobre una supuesta contabilidad paralela del partido.
La controversia estalló en 2013, cuando Gómez Bermúdez defendió que debía investigar por separado esos documentos, mientras Ruz sostenía que existían conexiones con la trama Gürtel, que instruía en su juzgado. El entonces magistrado consideraba insuficientes los vínculos entre ambas investigaciones y reclamaba asumir la causa para evitar duplicidades. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolvió finalmente que Ruz debía hacerse cargo de las pesquisas, al apreciar conexiones entre los procedimientos.
El episodio tuvo lugar cuando Cospedal ocupaba la Secretaría General del PP. Más de una década después, ambos compartirán sede profesional, aunque desde posiciones distintas: ella como abogada de IC Abogados y él al frente de su propia marca, GB.
A lo largo de su carrera judicial, Gómez Bermúdez también intervino en procedimientos relacionados con ETA y el terrorismo yihadista, ejerció como juez de vigilancia penitenciaria y fue magistrado de enlace de España en Francia. En 2017 solicitó la excedencia voluntaria de la carrera judicial y se incorporó a Ramón y Cajal Abogados como penalista. Ahora, tras dejar esa firma, continuará ejerciendo la abogacía desde las oficinas de IC Abogados, con una estructura independiente y una fórmula de colaboración con el despacho.
