Un establecimiento creado para alojar a personas en situación de calle rechazaba ingresos nocturnos sin justificación y funcionaba con un equipo no autorizado que hostigaba a sus residentes. Esas fueron algunas de las conclusiones del sumario que derivó en la cesantía de Douglas Jonathan Martín Palacio, responsable del Centro de Contención Mírame III, en Resistencia, la capital de Chaco.
La expulsión de la Administración Pública provincial fue dispuesta mediante el Decreto 2214/2026, firmado el viernes 18 por el gobernador Leandro Zdero, el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, y el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro. La sanción tiene vigencia desde esa fecha y se sustenta en faltas vinculadas con el mal desempeño, la negligencia y el incumplimiento de sus deberes.
El procedimiento reconstruyó episodios documentados en 2022 en el centro ubicado en Santa Fe 461. Además de las restricciones para acceder al alojamiento, la investigación examinó obstáculos al trabajo de los profesionales, deficiencias en el registro de mercaderías y problemas de conservación de las instalaciones.
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Los rechazos a quienes buscaban pasar la noche
Dos informes de marzo de 2022 registraron negativas de ingreso a dos grupos de tres personas. En uno de los episodios, el personal intentó comunicarse tres veces por teléfono con el encargado, sin obtener respuesta.
Los documentos recogieron el malestar de quienes acudían al refugio. “Siempre hacen lo mismo” y “nos mienten todo” fueron algunas de las expresiones asentadas. Una de las personas también objetó una posible derivación a otro establecimiento porque la distancia dificultaba el traslado a su trabajo.
La evaluación de Trabajo Social advirtió que esas respuestas revictimizaban a quienes buscaban protección. Al concluir el sumario, la Administración dio por probado que Palacio había impedido alojamientos nocturnos sin una razón válida y en contradicción con las directivas del programa.
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Hostigamiento y obstáculos al equipo profesional
Otro de los cargos acreditados fue el aval a un equipo técnico paralelo, sin autorización, que hostigaba a los usuarios del centro. Los fundamentos también señalaron que el responsable desplazó por la fuerza al equipo profesional formal de su oficina y entorpeció sus tareas.
Entre los antecedentes incorporados figuraron informes sobre la desaparición de documentación confidencial de los legajos personales. La evaluación administrativa incluyó entre las faltas probadas el maltrato y el hostigamiento indirecto hacia residentes, junto con la obstrucción de las funciones de los profesionales.
Para determinar la sanción, el Ejecutivo consideró un antecedente disciplinario de 2016 por trato indebido a residentes vulnerables. También valoró la formación y los ocho años de experiencia del agente en la Administración, al entender que conocía las responsabilidades de su puesto.
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Alimentos sin registrar y deterioro del refugio
El sumario detectó problemas en el economato, el área que administra las mercaderías y las raciones. En abril de 2022 se constató que las entregas no se anotaban en los cuadernos previstos para ese control. Según la reconstrucción administrativa, Palacio se negó a recibir un nuevo registro y a completar las anotaciones.
También se le había solicitado que transparentara el uso de los fondos para raciones y entregara las llaves. El expediente consignó que proporcionó una sola copia y se resistió a completar el requerimiento. La Administración concluyó que había dificultado el ingreso de mercaderías y el control del sector.
Por separado, se incorporó una exposición policial por la presunta retención de dinero del vuelto de proveedores. Ese señalamiento aparece como antecedente dentro del sumario: el decreto no informa una resolución penal al respecto.
Las inspecciones edilicias de abril de 2022 encontraron, además, sanitarios deteriorados, filtraciones en dormitorios, desagües obstruidos y humedad. El baño para personas con discapacidad estaba cerrado con llave. El relevamiento destacó que el inmueble había sido remodelado menos de un año antes y que los desperfectos no estaban registrados en el libro de novedades.
La defensa del agente y las recomendaciones del sumario
Palacio intervino en el procedimiento con asistencia letrada y planteó nulidades que fueron rechazadas. Según los fundamentos del Ejecutivo, contó con la posibilidad de declarar, presentar pruebas y formular alegatos. La Dirección de Sumarios y la Asesoría General de Gobierno recomendaron su cesantía.
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La investigación también abarcó a Sandra Araceli Cabrera y Silvina Alejandra Vargas, señaladas por responsabilidades en el manejo de fondos y del economato. Ambas presentaron descargos y negaron tener injerencia en las decisiones de conducción. Aunque el informe final aconsejó suspensiones de 30 y 20 días, respectivamente, este decreto únicamente dispuso la cesantía de Palacio.
Entre las recomendaciones para evitar nuevos episodios, los fundamentos incluyeron un registro automatizado de ingresos nocturnos, un canal seguro de denuncias y una delimitación de las funciones profesionales. También propusieron digitalizar el control de existencias, efectuar inventarios mensuales y realizar inspecciones periódicas del edificio.
