La Fiscalía General de la República (FGR) ejerció, por segunda vez, acción penal contra 10 exfuncionarios del ISSSTE por la presunta compra ilegal de servicios de laboratorio por más de 3 mil 675 millones de pesos. Los contratos fueron asignados a las farmacéuticas conocidas como el “Cártel de la Sangre”.
De acuerdo con información de Grupo Reforma, el caso vuelve a los tribunales después de que un juez decidiera en julio no vincular a proceso a los exservidores públicos.
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción solicitó a un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente que agende una audiencia inicial.
En esa audiencia, la FGR pretende:
- Imputar formalmente a los 10 exfuncionarios.
- Solicitar su vinculación a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Según la información publicada, se trata de una red de exfuncionarios que habría hecho un uso ilícito de sus atribuciones.
En julio pasado, el juez de control Marco Antonio González Cortázar resolvió no vincular a proceso a los exservidores públicos. Consideró que la imputación de la FGR tenía omisiones y deficiencias.
El juzgador, sin embargo, rechazó sobreseer o cancelar la indagatoria. Con ello dejó abierta la posibilidad de que la Fiscalía continuara con diversas líneas de investigación para volver a judicializar el caso y buscar el procesamiento de los acusados.
Ante ese escenario, la FGR no apeló el fallo adverso. Optó por subsanar su investigación para solicitar de nuevo una audiencia de imputación y la vinculación a proceso.
Es decir, en lugar de impugnar la resolución, la Fiscalía decidió reforzar su carpeta y presentarla otra vez ante un juez.
La acusación se relaciona con seis contratos para proporcionar servicios de análisis clínicos en hospitales y unidades médicas del ISSSTE. Sus montos, incluido el IVA, fueron:
- Valor mínimo: mil 470 millones de pesos.
- Valor máximo: 3 mil 675 millones de pesos.
Los contratos estuvieron vigentes de julio de 2018 a junio de 2020.
Entre las empresas que resultaron beneficiadas con los contratos se encuentran:
- Instrumentos y Equipos Falcón
- Impromed
- Dicipa
- Hemoser
- Centrum Promotora Internacional
- Selecciones Médicas del Centro
- Valtrum
Según la FGR, la asignación se hizo de manera directa el 29 de junio de 2018. Se basó en un estudio de mercado que únicamente tomó información de las propias empresas participantes, sin consultar cotizaciones de otras fuentes.
Ese punto es central en el señalamiento de la Fiscalía. De acuerdo con su versión, el estudio que sustentó la contratación no incluyó información independiente que permitiera comparar precios o condiciones.
La publicación de Grupo Reforma enlaza este caso con otras notas recientes sobre el ISSSTE y la FGR. Entre ellas, la petición de 18 años de cárcel contra un exfuncionario del instituto por contratos irregulares y la reactivación de una investigación sobre un exdirector del ISSSTE.
Por ahora, el siguiente paso procesal es que el juez del Reclusorio Oriente fije fecha para la audiencia inicial. En ella se conocerá si la Fiscalía logra imputar a los 10 exfuncionarios y si el juzgador resuelve vincularlos a proceso.
Cabe recordar que, hasta que un juez dicte una sentencia, los señalados conservan la presunción de inocencia. Las acusaciones corresponden a la versión de la FGR, y la defensa de los exfuncionarios podrá presentar sus argumentos durante el proceso.
