En la recta final de la carrera presidencial y a las puertas de la definición en las urnas frente a Flávio Bolsonaro, la aprobación de la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) que elimina la escala de trabajo 6×1 y reduce la jornada laboral a 40 horas semanales se ha convertido en el principal catalizador político a favor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Sintonizando directamente con el reclamo histórico de más de 22 millones de trabajadores formales y respaldada por más del 70% de la ciudadanía, esta histórica reforma legislativa le ha otorgado al oficialismo una potente bandera de justicia social en el momento más determinante de la contienda.
La medida aprobada por el Congreso Nacional de Brasil erradica el modelo de seis días de trabajo por un solo día de descanso, garantizando constitucionalmente un régimen de dos días de descanso semanal remunerado sin reducción salarial. Para atenuar el impacto operativo en el sector privado, la transición a las 40 horas semanales se estructuró en etapas: una primera reducción a 42 horas a los 60 días de su promulgación, y la meta final de 40 horas al cabo de 14 meses.
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Golpe político. El impacto del proyecto trascendió rápidamente la esfera laboral para instalarse de lleno en el centro de la contienda política. Con una abrumadora mayoría en el Congreso (75 votos a favor y apenas uno en contra en el Senado), la sanción de la reforma alteró de forma drástica el escenario de campaña y forzó un reordenamiento de las fuerzas en disputa.
Para el oficialismo, la abolición del régimen 6×1 representó la oportunidad de sintonizar con una demanda popular de alto impacto emocional e instalar la idea de “más tiempo para vivir” y bienestar para la clase trabajadora. Según sondeos recientes, la propuesta contaba con el respaldo de más de siete de cada diez brasileños, lo que permitió a la candidatura de Lula encabezar el reclamo de justicia social y movilizar a las bases trabajadoras urbanas y de ingresos medios.
Por el contrario, la contundencia de la iniciativa colocó a la oposición en una encrucijada estratégica. Si bien entidades gremiales y empresariales como Fecomercio SP y la FIESP expresaron severas advertencias sobre un eventual incremento en los costos laborales y el riesgo sobre el empleo formal, el costo político de votar en contra de una medida masivamente popular resultó inviable a días del balotaje.
Flávio Bolsonaro y el Partido Liberal debieron adaptar su discurso a último momento, otorgando libertad de voto y respaldando el texto constitucional para acotar el margen de capitalización exclusivo del gobierno.
De esta manera, con el fin de la jornada 6×1 convertida en ley, el debate socioeconómico se impuso sobre la agenda pública en el momento más sensible del calendario electoral, otorgándole al oficialismo un renovado dinamismo político en el tramo final hacia la presidencia.
