Diez ciudadanos cubanos buscados por autoridades federales de Estados Unidos figuran en expedientes relacionados con asaltos, delitos contra menores y fraudes contra el sistema de salud. Algunos de los casos permanecen abiertos desde hace varias décadas y, en distintos registros, las autoridades han incluido a Cuba entre los posibles paraderos de los acusados.
La recopilación publicada por Periódico Cubano reúne nombres que aparecen en registros del FBI y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS-OIG). Las causas incluyen desde un robo armado a una joyería de Florida hasta presuntos esquemas de facturación falsa al Medicare por decenas de millones de dólares.
Entre los casos más recientes se encuentra el de Alberto Pérez Elías, ciudadano cubano de 57 años acusado de participar en el asalto a Tio Jewelers, en Cape Coral, Florida, el 6 de enero de 2026. Según la información reunida por Periódico Cubano, los responsables habrían perforado una pared, amenazado al gerente con un arma y sustraído joyas valoradas en más de USD 1 millón.
Una orden federal contra Pérez Elías fue emitida el 24 de junio. El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 50,000 por información que permita encontrarlo y detenerlo, mientras que otros tres acusados en la misma causa ya fueron arrestados. Las autoridades advierten que debe ser considerado armado y peligroso.
Otro de los nombres incluidos en la página de fugitivos de la oficina del FBI en Tampa es el de Alejandro T. Pena Lam, de 25 años y vinculado a Miami. El expediente federal citado lo relaciona con la presunta inducción de una menor de 13 años para producir y enviar imágenes ilegales por internet.
Carlos, José y Luis Benítez figuran como fugitivos en una investigación por fraude sanitario. Según los datos de la HHS-OIG citados por la publicación, los tres hermanos habrían operado clínicas de infusión para pacientes con VIH en Miami y presentado reclamaciones falsas al Medicare.
La acusación federal sostiene que el presunto esquema obtuvo aproximadamente USD 110 millones. Los tres continúan clasificados como prófugos en los registros federales mencionados.
La HHS-OIG es una entidad distinta del FBI, aunque ambas pueden colaborar en investigaciones de fraude sanitario y en operaciones coordinadas con el Departamento de Justicia. En este tipo de causas, la oficina del Departamento de Salud y Servicios Humanos mantiene registros de personas prófugas y solicita información que ayude a localizarlas.
El listado incluye a Amaury Pérez, acusado en 2015 de conspiración para cometer fraude sanitario y lavado de dinero. Los investigadores calcularon que él y sus cómplices habrían facturado de forma fraudulenta alrededor de USD 2.5 millones al Medicare.
El registro federal de Pérez señala a Cuba como uno de sus posibles paraderos. Esa referencia no confirma que se encuentre en la Isla, sino que figura entre las ubicaciones consideradas por las autoridades dentro de la búsqueda.
Bárbaro Ortega y Raúl Camejo fueron acusados en 2009 por un supuesto esquema de reclamaciones falsas relacionadas con equipos médicos. La operación habría generado aproximadamente USD 3.3 millones en solicitudes de pago.
Medicare desembolsó USD 972,413 en esa causa, según los datos incluidos en la recopilación. Ambos permanecen registrados como fugitivos y, en el expediente de Ortega, las autoridades mencionaron a Cuba como posible ubicación.
También continúa prófugo Jorge Caro, acusado de utilizar información personal de personas fallecidas para presentar reclamaciones fraudulentas al Medicare. Las solicitudes vinculadas al expediente habrían alcanzado cerca de USD 5.2 millones.
La clínica asociada al caso recibió aproximadamente USD 1.63 millones del programa federal. La HHS-OIG incluye igualmente a Cuba entre los posibles paraderos de Caro, sin que el registro permita establecer su ubicación actual.
El décimo nombre incorporado en el recuento es el de Jorge Iglesias-Vázquez, nacido en Cuba y acusado en 2008 de fraude sanitario. De acuerdo con los reportes mencionados por la publicación, su empresa recibió cerca de USD 1.1 millones del Medicare.
Los informes anteriores del FBI lo identificaban como fugitivo y señalaban a Cuba como posible destino. Su perfil, no obstante, ya no aparece entre los fugitivos publicados actualmente por la oficina del FBI en Tampa.
Los expedientes reunidos abarcan cerca de dos décadas y corresponden a acusaciones de distinta naturaleza. En varios casos de fraude sanitario, las autoridades estadounidenses incorporaron a Cuba como posible lugar de residencia o fuga de los acusados.
La mención de la Isla en esos registros no equivale a una confirmación sobre la presencia de los requeridos en territorio cubano.
