Un operativo para ejecutar el desalojo de más de 400 viviendas en el sector San Antonio de Torre Blanca, en Carabayllo, generó tensión entre efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y residentes de la zona. Los vecinos señalan que viven más de 20 años en el lugar.
El despliegue comenzó durante la mañana en un terreno de aproximadamente 10 hectáreas, ubicado a la altura del kilómetro 23,5 de la carretera Lima-Canta. Decenas de familias salieron de sus casas ante la llegada de cientos de agentes, quienes instalaron cordones policiales en distintos accesos al área.
Según la información de Latina Noticias, los vecinos formaron cadenas humanas y colocaron obstáculos en las vías internas para impedir el avance del contingente. También se observó humo en varios puntos del sector, luego de que algunos residentes lanzaran cohetes como parte de la protesta.
El caso se encuentra vinculado a un proceso judicial que, según la información difundida durante la cobertura, acumula alrededor de siete años de litigio. La empresa Total Inmuebles SRL figura como parte involucrada en la medida que dio paso al operativo de desalojo.
En el 2012, según RPP Noticias, la compañía afirmó que el terreno había sido “invadido” y no se podía concretar un proyecto social.
Un dirigente identificado como Alejandro Castañeda cuestionó la intervención y afirmó que el predio pertenecería a una comunidad campesina. Además, aseguró que los residentes no recibieron una notificación sobre la ejecución de la medida.
Castañeda también indicó que este sería el décimo intento de desalojo en el sector. Según la versión expuesta por los residentes, en abril de 2026 se produjo otra intervención en la que 45 viviendas habrían sido retiradas o destruidas.
La PNP desplegó un operativo amplio debido a la extensión del terreno y a la resistencia de la población. Los agentes bloquearon varios puntos de ingreso para evitar que más personas llegaran al área durante la diligencia.
Durante la cobertura, varios residentes señalaron que tenían familiares dentro de las viviendas y que no podían ingresar ni salir por los controles instalados por la Policía. Entre las personas mencionadas había menores de edad y adultos mayores.
“Queremos que nos escuchen. Queremos vivir en paz, por nosotros y por nuestros hijos”, afirmó un residente, quien sostuvo que había adquirido el terreno y pidió que se permitiera el acceso a su vivienda.
Hasta el momento, la empresa no ha emitido ninguna información al respecto ni la situación.
