Buenos Aires, 21 septiembre (NA) – La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) comenzó a aplicar un arancel a la importación de medicamentos de alto costo y dispositivos médicos de alta complejidad, además de eliminar las exenciones existentes.
La medida, que rige a partir de la Disposición 5461/2026, según denunciaron gremios y pacientes, generó la paralización de trámites clave para pacientes que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y encendió alarmas en el sistema de salud privado y sindical.
La normativa establece una tasa sobre el despacho a plaza calculada sobre el valor FOB de la mercadería, con una alícuota general del 1,5% y una reducida del 1,25% para operaciones de mayor volumen.
El esquema fija topes de 5 millones de pesos para productos médicos y de 12 millones de pesos para especialidades medicinales.
La disposición de la agencia.
Pese a su entrada en vigencia el pasado 1° de septiembre, el organismo conducido bajo la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones, notificó de forma interna que no se aceptarán nuevas solicitudes de exención y que las ya otorgadas quedaron sin efecto, convirtiendo la cancelación de la tasa en un requisito obligatorio para continuar cualquier expediente.
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Sin embargo, debido a que no se definió aún el procedimiento ni el código de pago operativo para aplicar el nuevo tributo, los trámites iniciados por particulares y familias de personas con discapacidad quedaron frenados sin un canal de atención ni de resolución definido.
La medida impacta de manera directa en las importaciones de mayor valor y complejidad —dispositivos médicos Clase III y IV junto a tratamientos de alto costo—, insumos que carecen de producción nacional.
Diversas entidades del sector advirtieron que la disposición entra en contradicción con la Resolución 1388/97 del Ministerio de Economía, la cual exime de tasas aduaneras e importaciones a los medicamentos y bienes destinados al tratamiento o rehabilitación de personas con discapacidad.
Desde ANMAT argumentan que la normativa responde al proceso de desregulación iniciado en 2025, mediante el cual el organismo dejó de intervenir en los productos de bajo riesgo (Clase I y II), concentrando los aranceles en los de mayor valor.
En paralelo, la decisión suma presión financiera sobre las obras sociales y prepagas, que ya enfrentan un escenario crítico, y coincide con el debate parlamentario del Presupuesto 2027, que prevé cambios en el Nomenclador de Prestaciones Básicas de la Ley 24.901.
Agencia NA
