Marruecos rompió su silencio este jueves. El país vecino apenas se había pronunciado sobre la crisis de Ceuta, hasta que hace unas horas decidió responder a las acusaciones de “pasividad” o incluso participación en la entrada masiva del 30 de julio. A través de un comunicado del Ministerio de Exteriores, ha cargado contra los “partidos históricos” de España por las acusaciones sobre su supuesta implicación. Por el contrario, evita mencionar de forma expresa al Gobierno español y cuestiona las críticas dirigidas contra Rabat sin pruebas que, a su juicio, acrediten la participación de sus autoridades.
Junto a las declaraciones cruzadas sobre su papel en la ciudad autónoma, ayer se producía un nuevo episodio en el Congreso de los Diputados que no ha encajado bien en la prensa cercana al régimen marroquí. Este septiembre, tras meses de pelea, se ha aprobado la ley de nacionalidad española para los saharauis, que representaban casi la totalidad de apátridas del país. Esto no iba a pasar desapercibido entre los diarios marroquíes. Le360 lanza esta mañana en portada un artículo donde ha afirmado que “el colonialismo vuelve a resultar útil” para España por esta ley.
El comunicado oficial marroquí acusa a fuerzas políticas españolas (sin mencionarlo el principal señalado es el PP, que ya ha emitido su respuesta) de dejarse llevar por una dinámica en la que “la retórica populista e irracional se impone al sentido común”. Rabat responde al debate abierto tras los intentos de entrada de migrantes en Ceuta y pregunta: “¿Por qué se formulan acusaciones contra Marruecos sin datos, hechos o informes que demuestren la implicación de las autoridades marroquíes?”.
El Gobierno español ha sostenido que no hay pruebas que vinculen a Rabat con el episodio del 30 de julio. Marruecos pide esclarecer las circunstancias, identificar responsabilidades y evitar que los hechos se repitan. El texto cuestiona asimismo por qué España no ha devuelto a los migrantes irregulares cuando Marruecos se ha comprometido a recibirlos y por qué los menores no acompañados siguen separados de sus familias. Rabat rechaza ser “peón preelectoral” o “chivo expiatorio” ante las elecciones de 2027. Frente a las críticas, reivindica la Declaración Conjunta de 2022, la cooperación policial y lazos comerciales con España.
El medio marroquí Le360 presenta la proposición de ley aprobada por el Congreso para facilitar la nacionalidad española a saharauis y sus descendientes como una medida con “carga política evidente” frente a Marruecos. El texto cuestiona que la iniciativa se defina como una “reparación histórica” y sostiene que España usa su pasado colonial para dar un pasaporte europeo. Además, consideran que, durante el debate de su aprobación, se emiten ataques verbales a Marruecos, por afirmaciones como la de Tesh Sidi, diputada saharaui de Sumar, que sostiene que votar en contra es “estar del lado de Marruecos”.
Le360 destaca que la norma permitirá solicitar la nacionalidad por carta de naturaleza a quienes nacieron en el territorio antes del 29 de septiembre de 1977, sin residencia en España, y a sus hijos de primer grado. A juicio del medio, esa fórmula crea una “categoría hereditaria”. El artículo subraya que la concesión exige jurar fidelidad al rey español y obediencia a la Constitución española. Reprocha al PSOE haber cambiado su posición aunque también resaltan que la medida puede servir como salida de los campamentos de Tinduf.
