La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió abstenerse de dictar medida de aseguramiento en centro carcelario contra el senador Alirio Barrera, investigado por el delito de presunto acto sexual violento.
La decisión del alto tribunal no cierra el expediente ni define la responsabilidad del congresista, ya que seguirá vinculado al proceso. La siguiente fase será que el alto tribunal determine si existen méritos para llevarlo a juicio o archivar el caso.
El expediente quedó a cargo del magistrado Marco Antonio Rueda, designado como ponente del caso judicial. La Sala de Instrucción ya había vinculado formalmente al congresista del Centro Democrático el 10 de abril.
El alto tribunal adoptó esa determinación al evaluar la situación jurídica del senador aforado, cuya denuncia llegó a la Corte por su condición de congresista.
Los hechos bajo examen se remontan a 2016, cuando Alirio Barrera se desempeñaba como gobernador de Casanare. La denunciante sostuvo que acudió al despacho del entonces mandatario para buscar apoyo para un evento que preparaban juventudes cristianas en Yopal.
De acuerdo con ese relato, la mujer, quien trabajaba en la Gobernación y hacía parte de la iglesia, consiguió una reunión para exponer la iniciativa. Durante ese encuentro, según su versión, el entonces gobernador la besó por la fuerza pese a sus rechazos e intentos por apartarse.
La versión de la denunciante fue citada por la publicación a partir de su testimonio previo ante la prensa. “Él no dijo nada y me agarró de la mano, muy duro, y luego de la otra. Me acercó hacia él y me besó a la fuerza. Yo no podía gritar, solo hacer el sonido de que no quería eso. De repente me soltó y se alejó”.
La mujer también aseguró que, después del episodio, pudo explicarle el motivo de su visita. “Le dije que por qué me hacía eso, que si no tenía familia. Él no dijo nada, se hizo hacia el otro lado de la oficina y me dijo que ahora sí le contara qué necesitaba. Yo le expliqué que iba por unas ayudas para la Iglesia; él sacó una maleta y de ahí me dio 400.000 pesos”.
Otro de los elementos mencionados en la denuncia es que, al ingresar a la oficina del gobernador, le retiraron el teléfono celular por razones de protocolo. Según su versión, eso le impidió grabar o dejar algún registro de lo ocurrido.
La denunciante afirmó en repetidas ocasiones que no acudió antes a las autoridades por miedo a represalias contra ella y su familia, dado el poder político que le atribuía al hoy senador. Por esa razón, presentó la denuncia solo en 2025 ante la Fiscalía.
Desde el equipo del senador negaron las acusaciones y sostuvieron que carecen de sustento. La defensa política del congresista afirmó que la denuncia responde a una estrategia para afectar su buen nombre y su honra.
Ese mismo sector señaló de manera directa a una persona que trabaja actualmente en la Gobernación de Casanare, a quien identifican como un enemigo político que se ha declarado públicamente en esos términos.
Además del caso de Alirio Barrera, la Corte Suprema de Justicia abrió investigaciones formales contra otros tres congresistas por señalamientos relacionados con violencia sexual, tras evaluar las denuncias y citarlos a indagatoria.
El 20 de junio fue investigado el senador Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal) por el delito de acceso carnal violento, tras una denuncia de una extrabajadora que lo acusa de forzar encuentros sexuales durante diez meses.
Tres días después, el alto tribunal abrió otro proceso contra el entonces representante de Comunes Carlos Alberto Carreño por acto sexual violento, a partir de la denuncia de una funcionaria de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por hechos ocurridos en febrero de este año.
Según su relato, el congresista le hizo tocamientos de contenido sexual y, tras su rechazo, la aisló de sus funciones hasta que fue retirada del esquema de protección asignado al parlamentario.
