La continuidad de Ciro Castillo Rojo en el Gobierno Regional del Callao quedó en manos del Consejo Regional. Más allá de los anuncios de su defensa legal o de las resoluciones judiciales, será este órgano colegiado el que defina si corresponde que retome el cargo, sea suspendido o se le declare la vacancia, conforme a lo que establece la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
La gobernadora regional encargada, Edita Vargas señaló que no existe un retorno automático de Ciro Castillo a la Gobernación Regional. La decisión, recalcó, no depende de ella ni del Poder Judicial, sino exclusivamente de los consejeros regionales.
“Entonces, creo que se debe proceder correctamente, dirigiéndose a los consejeros regionales para que ellos puedan asumir la responsabilidad penal, civil y administrativa, para que vuelva a ingresar a la Gobernación Regional”, señaló.
Con ello, Vargas dejó en claro que cualquier intento de reincorporación sin un acuerdo del pleno del Consejo Regional carecería de respaldo legal y trasladaría la responsabilidad directa a quienes lo autoricen.
El punto central del debate es la situación administrativa de Castillo Rojo durante el tiempo que estuvo fuera del cargo. Según recordó la gobernadora encargada, su ausencia no respondió a una licencia ni a vacaciones, sino a que se encontraba prófugo de la justicia y tenía una orden de captura pendiente.
Pese a ello, internamente se habría intentado presentar esa situación como una licencia. Sin embargo, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece que este tipo de autorizaciones solo puede extenderse por un máximo de 45 días. Ese plazo, de acuerdo con lo advertido por la defensa legal del Ejecutivo regional encargado, ya fue superado.
Al vencerse ese periodo, la norma prevé una causal de suspensión y abre la posibilidad de una vacancia, escenario que debe ser evaluado y decidido por el Consejo Regional en pleno.
Otro aspecto que ha generado confusión es la reciente decisión judicial que modificó las medidas restrictivas contra Castillo Rojo, al variar la prisión preventiva por comparecencia. Desde la posición del Ejecutivo regional encargado, esta resolución solo tiene efectos en el ámbito penal.
Se ha precisado que un auto de vista emitido por una sala superior no tiene impacto directo en el plano administrativo ni electoral. Por tanto, no obliga al Gobierno Regional del Callao a permitir el retorno de Castillo Rojo ni limita las atribuciones del Consejo Regional para evaluar su situación.
En ese sentido, la definición sobre su continuidad no depende de los jueces, sino del cumplimiento estricto de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y de la decisión que adopten los consejeros.
Edita Vargas también expresó su preocupación por los riesgos que implicaría un retorno sin una decisión clara del Consejo Regional. Señaló que, de volver al cargo, Castillo Rojo tendría acceso a información sensible vinculada a investigaciones en curso.
“Si se permite ingresar nuevamente, nos puede acabar con toda la documentación que se necesita para la investigación. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado aquí, porque todavía sigue la investigación”, advirtió.
Así, el escenario queda claramente definido: el Consejo Regional del Callao deberá asumir un rol decisivo y resolver si corresponde la permanencia de Ciro Castillo Rojo, su suspensión o su vacancia. La decisión no solo marcará el futuro inmediato del gobierno regional, sino que también comprometerá la responsabilidad política, administrativa y legal de los consejeros que la adopten.
