El Ministerio Público de Panamá se encuentra en la etapa decisiva del caso contra José Gabriel “Gaby” Carrizo, exvicepresidente de la República (2019-2024) y excandidato presidencial.
El proceso, que investiga el presunto delito de enriquecimiento injustificado agravado, avanza tras el cierre formal de la investigación, lo que obliga a la Fiscalía Anticorrupción a presentar un escrito de acusación para su revisión judicial.
La defensa de Carrizo, representada por el abogado Víctor Orobio, confirmó a TVN que había recibido la notificación oficial sobre el cierre de la investigación.
“Ya nos notificaron del cierre de la investigación. Estamos esperando la presentación del escrito de acusación y de la fecha de la audiencia intermedia”, detalló Orobio.
El cierre de la investigación responde a la expiración del plazo legal para las pesquisas, después de que los tribunales rechazaran la solicitud fiscal de extender el periodo bajo la figura de “investigación compleja”.
Por tanto, la Fiscalía Anticorrupción debe ahora solicitar formalmente la audiencia y presentar el escrito de acusación, en el que se expondrán los hechos, la calificación jurídica y las pruebas reunidas.
Posteriormente, la defensa tendrá la oportunidad de contestar e introducir sus propias pruebas para la audiencia intermedia.
La causa se originó tras un informe de la Contraloría General de la República, que identificó un supuesto incremento patrimonial injustificado de Carrizo por $1,9 millones durante su gestión pública.
Como consecuencia, el contralor Anel “Bolo” Flores dispuso en noviembre de 2025 el secuestro de bienes y cuentas bancarias pertenecientes al exvicepresidente hasta por $1,3 millones.
El secuestro de bienes, anunciado públicamente el 6 de noviembre, se implementó, según se dijo, como medida cautelar para asegurar fondos en caso de una eventual condena y resarcimiento al Estado panameño.
La decisión de la Contraloría, bajo la gestión de Flores, intensificó la presión sobre Carrizo, quien ya era objeto de dos investigaciones distintas por presuntas irregularidades durante su periodo como vicepresidente entre 2019 y 2024.
La intervención de la Contraloría en este caso marcó la segunda ocasión en la que se aplica una medida similar contra un miembro de alto perfil del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Esta reiteración provocó en su momento especulaciones y aumentó la controversia pública sobre la transparencia y la gestión de los recursos estatales.
El presunto enriquecimiento injustificado constituye una infracción que afecta de manera directa la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Las autoridades buscan determinar si Carrizo obtuvo ventajas económicas ilícitas aprovechando su cargo, un aspecto central para la integridad de la función pública.
La medida de secuestro de bienes tiene como finalidad principal garantizar la posibilidad de reparación al Estado en caso de condena. Los bienes afectados permanecerán bajo custodia judicial hasta que se resuelva el caso en las instancias correspondientes.
El caso de Carrizo se suma a una cadena de escándalos que han sacudido el escenario político panameño, profundizando el malestar social y la desconfianza en la administración pública.
La lucha contra la corrupción se impone como un reto permanente para Panamá, que requiere acciones decididas de todos los sectores para fortalecer el Estado de derecho y la gobernabilidad.
El desenlace del proceso judicial contra el exvicepresidente será determinante para definir el alcance real de la política anticorrupción en el país y marcará un precedente sobre la responsabilidad de los altos funcionarios en la gestión de los recursos públicos.
