Tres empresarios acusados por presunto pago de sobornos en el caso Cuadernos argumentaron este martes que mintieron al confesar delitos durante la investigación para no quedar presos en el juzgado federal de Claudio Bonadio. También dijeron que dejaron constancia de lo ocurrido en actas en escribanías. Sus dichos se sumaron a otro procesado que la semana pasada habló en el mismo sentido.
Ante ello, diferentes defensas plantearon al Tribunal Oral Federal 7 que lleva adelante el juicio la necesidad de “extraer testimonios”, es decir, formular una denuncia para investigar supuesta coacción. El planteo derivó en un duro cruce con la fiscal Fabiana León.
“Este juicio pretende convertir a los imputados en víctimas y en victimarios a los miembros del Poder Judicial. Quieren invertir quiénes cometieron delitos y quiénes los investigaron, en forma socarrona, en forma irrespetuosa, en todas las formas posibles. Quiero volver a hacer hincapié en esta cuestión: quiénes son los imputados, que se defiendan, y en ese marco uno tiene que ser tolerante aun con las faltas a la verdad. Lo que no se puede permitir es que se ponga en crisis la actividad judicial”, expresó León al pedir rechazar el planteo.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero dispusieron un cuarto intermedio luego de escuchar las posturas de los abogados, la fiscalía y la querella de la UIF y ante un pedido de León para que tomen una decisión de manera colegiada, es decir, del Tribunal en pleno. Finalmente los jueces ratificaron la decisión del presidente del TOF7 Méndez Signori y se difirió una decisión para el momento del veredicto.
“No se advierte de ningún modo una situación de extrema gravedad que autorice la inmediata y excepcional intervención del Tribunal”, expresó en su voto al respecto el juez Germán Castelli. Con esta decisión terminó la audiencia y el juicio seguirá el próximo jueves.
El empresario Mario Ludovico Rovella fue el primero en romper el silencio en la audiencia de este martes y dijo que en marzo de 2019 admitió pagos ilegales para no quedar detenido pero que antes dejó constancia en una escribanía sobre su decisión de “no decir la verdad”.
“Quiero negar de manera rotunda los hechos que se me atribuyen. Ni personalmente ni a través de terceros, bajo ningún concepto ni con ninguna finalidad, entregué dinero a Ernesto Clarens. Nunca realicé esos pagos, ni en esa oportunidad ni en ninguna otra”, se retractó ahora ante el Tribunal Oral Federal 7.
Rovella aceptó prestar declaración indagatoria en el juicio oral pero no respondió preguntas. Al igual que otro empresario acusado la semana pasada, se retractó ahora de sus confesiones durante la investigación del caso a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio y salió al cruce de lo aportado en la causa por el también arrepentido financista Ernesto Clarens: un listado con información de empresarios que habrían aceptado pagar sobornos en la obra pública durante el kirchnerismo para acelerar pagos de certificados de obra, entre otros motivos.
Las declaraciones indagatorias de las que ahora se desdicen los empresarios acusados son actos de defensa que no se realizan bajo juramento de verdad.
“La razón por la cual, en mi indagatoria del 1 de marzo de 2019 ante el juez Bonadio, reconocí hechos que no ocurrieron, fue la situación de coacción psicológica en la que me encontraba. Se me hizo saber que, si no declaraba en ese sentido, sería privado de mi libertad. En esas condiciones, no tenía nada de lo cual arrepentirme, porque los hechos simplemente no habían ocurrido”, dijo ahora Rovella.
En ese contexto refirió que el 28 de febrero de 2019, “un día antes de mi declaración indagatoria, concurrí a una escribanía de la Ciudad de Buenos Aires. Allí dejamos asentado un escrito con el contenido de lo que iba a manifestar en esa declaración, junto con una nota en la que expresamente señalaba que lo allí consignado no era verdad”.
“Todo ese material fue incorporado a este juicio, y a él me remito como parte integrante de mi declaración. Quiero ser absolutamente claro: el dinero que se me atribuye haber entregado nunca existió. También se ha afirmado que en dos oportunidades transportamos dinero; eso tampoco es cierto. Por lo tanto, rechazo íntegramente los hechos que se me imputan”, concluyó.
El responsable de la empresa Rovella Carranza SA al momento de los hechos inició su exposición con un repaso de la historia de la empresa, oriunda de San Luis. “Rovella Carranza trabajó en 17 provincias”, remarcó el empresario, en la actualidad retirado.
A su turno Guillermo Escolar, de la firma Cleanosol Argentina S.A., declaró en el mismo sentido. “Armamos una historia de un pago o dos en un año o en unos meses. Obviamente es un invento consecuencia de esto que estoy contando”, refirió en relación a las supuestas presiones que recibió en el juzgado cuando veía que quienes no confesaban algo quedaban presos. También dijo que un día después de la indagatoria fue junto al entonces titular de la empresa Oscar Sansiñena a dejar constancia de lo ocurrido en un acta ante escribano y la leyó en la audiencia. El acusado aceptó responder preguntas del Tribunal.
“¿Cómo se gestó este invento al que usted hizo referencia?”, quiso saber el presidente del TOF7 Enrique Méndez Signori.
“Nos reunimos la noche anterior y dijimos digamos algo en concordancia con lo que al juzgado le venía bien. Digamos que había unos pagos en dólares por la época de las llamadas y eso es lo que estoy negando ahora”, respondió. Escolar dijo que junto a su jefe Sansiñena veían que todos “quedaban presos y cuando cambiaban su declaración y decían que habían pagado a Clarens quedaban libres”.
Admitieron saber quién era o conocer a Clarens, incluso como en el caso de Sansiñena refirió que hubo pedidos de aportes del financista arrepentido para la campaña electoral de 2011, pero rechazó haber hecho algún pago.
“¿Usted está consciente de que iba a confesar la comisión de un delito?”, preguntó a Escolar por su parte el juez Fernando Canero. “Totalmente pero prefería eso a sufrir lo que sufrieron” otros empresarios que quedaban presos, respondió.
“¿Por qué Clarens buscaba aportes para la campaña?”, le preguntó a su turno el juez Germán Castelli. “Según mi recuerdo, le dijo a Sansiseña que estaba con el Gobierno buscando fondos para la campaña política. Fue una conversación muy breve”.
La semana pasada otro empresario acusado, Daniel Pitón, integrante de José Eleuterio Pitón S.A., recurrió a la misma estrategia defensiva en su indagatoria y dijo que se vio obligado a mentir durante la investigación para no quedar preso. “A Clarens no le entregué ni un peso, ni a Clarens ni a nadie”, remarcó en la audiencia del jueves último.
En esta etapa del juicio se indaga a empresarios que quedaron acusados tras la confesión de Clarens, a quien coincidieron en desmentir.
En el inicio de la jornada se negaron a declarar Tito Biagini, José Gerardo Cartellone, Luis Armani y Juan Bautista Pachela.
Las declaraciones se realizan ante los jueces del TOF 7, en el marco del proceso que investiga el presunto pago de sobornos por parte de empresarios a exfuncionarios a cambio de contratos de obra pública entre 2003 y 2015.
El debate oral está a cargo del Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, con la intervención de la fiscal Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera.
El expediente investiga un presunto sistema de recaudación de sobornos vinculado a la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015. En la causa, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner está acusada como presunta jefa de una asociación ilícita, además del delito de cohecho.
Desde el inicio de las indagatorias a los 86 acusados, el juicio se desarrolla bajo una modalidad mixta, con el tribunal, la fiscalía y la querella en la sala de audiencias de Comodoro Py y los imputados y sus defensas participando de manera presencial o remota según cada caso.
