Ni Ceuta, ni la debilidad parlamentaria, ni la falta de presupuestos, ni las múltiples acusaciones de corrupción, ni las joyas de Zapatero. Ha sido Maricarmen. Finalmente, Pedro Sánchez ha anunciado el adelanto de la convocatoria de elecciones generales, tras el fracaso este viernes de la votación de los dos decretos ley sobre vivienda, por el rechazo de PP, UPN, Vox y, de nuevo, Junts. Serán el próximo 29 de noviembre, la fecha más próxima de acuerdo a los plazos que establece la ley electoral.
“Hace más de tres años, las urnas y el Congreso decidieron volver a apostar por un gobierno de coalición progresista. No ha sido fácil. En esta legislatura nos ha tocado navegar en una coyuntura muy difícil. Hemos tenido que trabajar con un Congreso muy bronco en el que absurdamente muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer. Hemos tenido que combatir contra élites muy poderosas que quieren controlar el país. Y hemos tenido que lidiar con la peor oposición de la historia de la democracia”, ha afirmado el presidente.
En un escueto comunicado desde La Moncloa, Sánchez ha defendido el trabajo de su Gobierno durante la legislatura y ha llamado a los españoles a decidir si quieren que España se sume a la “ola ultraderechista” que involuciona y recorta derechos o desean que España siga siendo “un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental”. En este sentido, el presidente ha aludido a la insatisfacción de una mayoría social que ha visto “cómo sus intereses son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos”.
El anuncio de Sánchez llega tres días después del fracaso de una votación clave en el Congreso, que este viernes buscaba aprobar los dos decretos ley de vivienda que se elaboraron en respuesta al clamor social que ha seguido al desahucio de Maricarmen, una señora de 87 años que la semana pasada fue expulsada de la casa en la que llevaba viviendo más de siete décadas. Las imágenes de los antidisturbios entrando a su vivienda y sacándola en camilla dieron la vuelta al mundo, provocando reacciones incluso en la ONU.
Las manifestaciones en su apoyo desembocaron el sábado por la tarde en una acampada en la Puerta del Sol que ha ido creciendo desde entonces: ya suma más de 2.000 tiendas de campaña y ha comenzado a extenderse por las calles cercanas. Más de una semana después, las protestas no han perdido fuelle: este fin de semana, se han extendido por una docena de ciudades, y solo en Madrid salieron a la calle el sábado decenas de miles de personas, que buscan presionar para hacer una huelga general.
Sin embargo, pese a la presión social, la aritmética parlamentaria acabó imponiéndose el pasado viernes. El PP y Vox mostraron su oposición desde el principio, criticando unos decretos que, en su opinión, penalizan a los propietarios de vivienda y que no resuelven el que, para ellos, es el principal problema del sector: la falta de oferta. Tras una legislatura en la que “menos vivienda nueva se ha construido”, Pedro Sánchez “ha intentado hacer creer que esta situación es responsabilidad de la oposición”, dijo Alberto Núñez Feijóo tras la sesión del Congreso.
Junts era clave. Y en un inicio, parecía que Sánchez contaría con su apoyo para el primero de los decretos, que recogía muchas de las medidas defendidas por los catalanes (de ahí la idea de trocear el segundo con la propuesta que más recelo causaba en las filas de Junts, la prórroga automática de los alquileres) y que solo necesitaba de su abstención. Pero, finalmente, los de Carles Puigdemont decidieron ‘no’.
Sánchez se ha bunkerizado este fin de semana en La Moncloa para reflexionar sobre cuál sería el siguiente paso a tomar, rodeado de sus asesores de confianza y miembros del Ejecutivo, que le recomendaban el adelanto con la estrategia de tratar de capitalizar el malestar social por la vivienda.
En el último ciclo autonómico, los socialistas no lograron movilizar a parte de su electorado, que optó por la abstención a raíz del reguero de casos de corrupción que han salpicado al partido y el entorno del presidente. En las filas socialistas consideran que convertir las elecciones generales en un referéndum sobre la vivienda frente a los retrocesos de PP y Vox podría ayudar a recuperar ese apoyo. “Votar con V de vivienda o B de Buitre. Esa es la disyuntiva”, ha secundado este lunes el ministro de Transportes, Óscar Puente, en un mensaje en X.
El primer decreto reunía protecciones frente a desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, límites a compras especulativas hasta 2028 y un IVA del 10% para pisos turísticos. El segundo, con un único artículo, obligaría a justificar la falta de renovación del alquiler e indemnizar al inquilino. El Ejecutivo negoció hasta el último momento para lograr apoyos, pero solo ha obtenido el respaldo de Sumar, Podemos y ERC para ambos textos. El PNV y Coalición Canaria únicamente apoyaron el primero. No fue suficiente.
Desde el anuncio del rechazo de Junts, todos los partidos, incluyendo a los socios del Gobierno, salieron a pedir a Pedro Sánchez que esta era la gota que colmaba el vaso de la legislatura y que adelantara las elecciones. El runrún finalmente se ha hecho realidad: en noviembre, iremos a las urnas.
